Las organizaciones representativas de las denominaciones de origen europeas y nacionales en los grandes países productores (Francia, España, Italia y Portugal), entre las que se encuentra la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) por parte española, siguen trabajando coordinada e intensamente en el seno de la European Federation of Origin Wines (EFOW), a la que pertenecen todas ellas, para que haya el máximo consenso sectorial y la máxima unidad de criterio entre las organizaciones sectoriales de productos vinculados a su origen a nivel UE sobre las bases de esta reforma. El objetivo, que las posiciones compartidas por dichas organizaciones, basadas en las necesidades de las figuras de calidad, sean las que cimenten la propuesta legislativa en la que desembocará la reforma del sistema de indicaciones geográficas de la UE, que debe ser presentada a principios de 2022 por la Comisión Europea y sobre la que trabajan ya las instituciones de la Unión.
Así, las organizaciones sectoriales europeas de productos vinculados a su origen (EFOW, AREPO y oriGIn EU) expresaron el 10 de noviembre ante el Intergrupo del Parlamento Europeo sobre Vinos, Bebidas Espirituosas y Productos de Calidad su posición compartida en torno a esta reforma, en una sesión que estuvo enteramente dedicada a ella. Los representantes de cada una de estas organizaciones tomaron la palabra para dejar claro que lo que demandan las indicaciones geográficas es una reforma ambiciosa, acorde al mandato que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, hizo al Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, Janusz Wojciechowski, al inicio de la legislatura, solicitándole que examinara las formas de fortalecer el sistema de indicaciones geográficas de la UE.
Tal y como comparten las organizaciones citadas, en los últimos 3 años, la política de indicaciones geográficas de la Unión Europea ha experimentado importantes reformas con resultados muy positivos: una mejora en la protección, una simplificación de los procedimientos administrativos ligados a ellas, la posibilidad de introducir elementos de sostenibilidad en pliegos de condiciones y nuevas herramientas de gestión a disposición de los órganos de gestión de las IIGG. Sin embargo, las orientaciones que parecen guiar la propuesta legislativa que la Comisión Europea debe presentar en los próximos meses no parecen ir en la misma dirección, a juzgar por las perspectivas presentadas por representantes de la DG AGRI (Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea) en la reunión del Intergrupo. Los representantes de la Comisión abogarían por una delegación de la gestión de las indicaciones geográficas a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y no presentan propuestas concretas para seguir avanzando en la sostenibilidad de las indicaciones geográficas. Sí se mostraron, por el contrario y en línea con la posición de las organizaciones sectoriales europeas, favorables a reforzar la protección de las indicaciones geográficas en el ámbito online y a una armonización de los controles de las indicaciones geográficas de los diferentes productos.
La presidenta de AREPO, Begoña García Bernal, Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la región de Extremadura, fue una de las representantes sectoriales que tomó la palabra. En su intervención, indicó que “las Indicaciones Geográficas de la UE son cruciales para preservar el equilibrio territorial a nivel regional. Desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de la actividad económica y social de las zonas rurales y representan herramientas clave para evitar el ‘éxodo rural’». Añadió que “la revisión en curso del sistema de indicaciones geográficas de la UE debería fortalecer el impacto de las indicaciones geográficas en los territorios, también a través del empoderamiento de las organizaciones colectivas que están detrás de las indicaciones geográficas. Estas deberían desempeñar un papel más importante en la promoción, comercialización y protección de sus productos, incluyendo nuevos poderes cuando su IG se utiliza como ingrediente de un producto procesado”. Asimismo, destacó que “el rol de una IG como organización puede ir más allá, pudiendo confiársele la capacitación de jóvenes generaciones de productores y la elaboración de estrategias de valorización que abarquen actividades afines, como el turismo«.
El presidente de EFOW, Bernard Farges, también intervino para manifestar que «estamos desconcertados por los primeros anuncios de la Comisión, porque parece que esta ha dejado de creer en el valor añadido de las indicaciones geográficas desde el punto de vista de la política agrícola y está dispuesta a tratarlas exclusivamente como derechos de propiedad intelectual”. Añadió que “a lo largo de los años, las indicaciones geográficas europeas se han convertido en un símbolo de la calidad de los alimentos y bebidas europeas en todo el mundo. Los agentes públicos y privados han realizado considerables inversiones para reforzar la protección y la promoción de las indicaciones geográficas, que han beneficiado a muchos territorios de la UE”. A su juicio, “delegar la gestión de las indicaciones geográficas a la EUIPO sería un error, que significaría, a largo plazo, la privatización de nuestro sistema”. Recalcó que “las indicaciones geográficas son un bien público, que tiene un impacto muy importante en términos de desarrollo rural, que cuentan con una protección de oficio por parte de los poderes públicos y que contribuyen a evitar el menoscabo de la competencia leal entre operadores”. Sin embargo, “al adoptar una perspectiva estricta de propiedad intelectual, perderíamos todo lo anterior y avanzaríamos lenta pero inexorablemente hacia un mero sistema de marcas«.
El presidente de oriGIn UE, Claude Vermot-Deroches, explicó que “esta es una reforma exigua si la comparamos con lo que se acaba de lograr en la reforma de la PAC para las indicaciones geográficas”. Y añadió que “esta última nos brinda nuevas herramientas para fortalecer el desarrollo, la sostenibilidad y la protección de las IIGG. Es un buen marco legal sobre el que podemos construir, que tiene en cuenta el rol de las IIGG como instrumento de política pública y como una herramienta formidable de desarrollo local, que sigue inspirando a numerosos países de todo el mundo«. Además, recordó que «por su propia naturaleza, las IIGG ya contribuyen hoy al logro de muchos de los objetivos de la estrategia De la Granja a la Mesa, tratándose de productos que no se pueden deslocalizar, vinculados a unos métodos de producción y elaboración específicos, creando valor añadido en beneficio de los productores, ofreciendo garantías para los consumidores a través de controles y también contribuyendo a mantener el paisaje, las tradiciones y la población rural, entre otros”. Y reafirmó la voluntad de las IIGG de “hacer aún más en términos de sostenibilidad y proteger la biodiversidad«.
